El 10 dediciembre está marcado en el calendario como una fecha de especial
significación. Ese día, pero de 1948, se dio a conocer al mundo la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
9 de
diciembre de 2015 23:12:50
Las personas
que entran dentro del sistema penal cubano tienen plena garantía de sus
derechos. Foto: Yander Zamora Vídeo
El 10 de
diciembre está marcado en el calendario como una fecha de especial significación.
Ese día, pero de 1948, se dio a conocer al mundo la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
En Cuba,
este tema ha sido prioritario cual manual de cabecera de la Revolución y gran
cuota de responsabilidad en la concreción de ese desvelo le corresponde a la
Fiscalía General de la República (FGR). Ese es el motivo de la conversación con
el máximo representante de esa importante institución cubana, el Fiscal Generalde la República Darío Delgado Cura.
—¿Por qué es
prioridad consagrada y desvelo político la protección de los derechos humanos
en Cuba? Y en este sentido, ¿cuánto marcó el 1ro. de enero de 1959 la realidad
ciudadana?
—La
protección de los derechos humanos en Cuba está en la esencia misma de la Revolución
cubana y en el ideario de nuestro Héroe Nacional, José Martí, quien dijo: “Yo
quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del hombre”.
“El ser
humano en nuestro país está en el centro de atención del Estado y el Gobierno.
Toda la obra de la Revolución está impregnada de profundo humanismo y
preocupación porque a cada persona se le respeten todos sus derechos. El
pueblo es lo primero, por lo tanto, lograr para él toda la justicia y amparo
es decisivo.
“Fidel, en
su histórico alegato de autodefensa La historia me absolverá, que fue el
programa revolucionario, definió lo que para él significaba pueblo, anhelante
de ‘una Patria mejor, más digna y más justa (…) movido por ansias de justicia’.
“Cada vez
que vamos a analizar, a evaluar, a repensar cómo en nuestro país se protegen
los derechos de los ciudadanos, se atienden a estos y se salvaguarda lo que les
resulta importante, siempre tenemos que remitirnos a los orígenes de la
Revolución. Son cuantiosos los resultados después del 1ro. de enero de 1959,
ante todo el empeño por el cumplimiento del Programa del Moncada, y diferentes
proyecciones a lo largo de estos años.
“Pero de
todo lo que se ha hecho, que es mucho, baste destacar al menos tres grandes
conquistas: el acceso universal a la educación, las potencialidades del sistema
de salud pública y la seguridad ciudadana. Y lo decimos así, categóricamente,
con toda responsabilidad, porque conocemos otras realidades en el mundo”.
—¿Qué
derechos garantizan las instituciones del Estado a los ciudadanos cubanos?
—Garantizan
la realización de todos sus derechos humanos, desde los más elementales o
prioritarios, como son el derecho a la salud y la educación.
“Desde la
Constitución de la República se reconocen otros derechos que tienen su materialización
en diversas legislaciones especiales y en la práctica, como el derecho al
trabajo y al descanso remunerado, a la participación, la seguridad y
asistencia social, la educación física, el deporte y la recreación sana, el
derecho a la libertad de palabra conforme a los fines de la sociedad
socialista, así como los derechos de reunión, manifestación y asociación.
“Además, se
reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión. También
el derecho a la inviolabilidad de la persona, de la correspondencia y del
domicilio, y el de queja o reclamación”.
—¿Cuáles son
las potencialidades del sistema de protección de los derechos humanos en Cuba y
qué recursos legales amparan a sus ciudadanos si estos sienten vulnerados tales
derechos?
—Ese sistema
tiene en Cuba la fortaleza de que está respaldado por el Estado, lo que
significa que es un objetivo y prioridad de este garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos y garantías de todas las personas. Ello asegura que,
desde el ejercicio del poder, todas las instituciones estatales tengan esa
obligación, de lo cual deben rendir cuentas.
“Ante
violaciones de sus derechos en cualquier ámbito, las personas tienen los
recursos legales y procedimientos previstos que le facilitan reclamar frente a
las autoridades administrativas y judiciales, en función de su restitución.
“El
mencionado derecho de queja es una de esas garantías y es muy utilizado por
nuestros ciudadanos, quienes se dirigen por ese motivo tanto a la Fiscalía como
a las oficinas de Atención a la Población de los diferentes organismos, en el
Comité Central y en el Consejo de Estado.
“En el caso
de la FGR, la Constitución de la República en su artículo 127 la distingue
como: ‘el órgano del Estado encargado del control y la preservación de la
legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución,
las leyes y demás disposiciones legales…’.
“Por esa
razón, entre otros objetivos y funciones de la institución, nuestra ley
orgánica (Ley 83, del 11 de julio de 1997) prevé que debe actuar ante
violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legalmente
establecidas, y frente a las infracciones de la legalidad (…) exigiendo su
restablecimiento, así como atender las reclamaciones que presenten los ciudadanos
sobre presuntas transgresiones de sus derechos.
“Y dentro de
las funciones fijadas en dicha ley, se regula que la Fiscalía, a través del
fiscal designado atiende, investiga y responde las denuncias, quejas y
reclamaciones que en el orden legal formulan los ciudadanos. Con tales fines,
se atiende a la población diariamente en todas las instancias de la
institución, ofreciéndole a la persona la orientación que requiere o recibiendo
por escrito la queja que pretende se investigue, por considerar que se ha
vulnerado su derecho.
“También
establecimos una línea de teléfono directa para la comunicación con los
ciudadanos, canal que ha tenido gran aceptación y concurrencia de llamadas”.
“A pesar de
todo lo expuesto, aún se manifiestan indolencias, falta de sensibilidad y morosidad
en directivos, funcionarios y empleados, que no escuchan, no atienden, no
resuelven y no responden los planteamientos y problemas de los ciudadanos, de
los que hay múltiples ejemplos que se publican en nuestros medios de prensa y
en otros espacios. En nuestra propia institución todavía falta para hacer las
cosas mejores, y para ello permanentemente nos encargamos de que la
sensibilidad y profesionalidad de nuestros fiscales le permitan cumplir mejor
sus misiones y preservar la confianza del pueblo en sus instituciones”.
—¿De qué
manera se garantizan los derechos de los menores cuyos padres han perdido su
guarda y cuidado?
—En Cuba, un
lugar especial es para las niñas, niños y adolescentes. El Estado realiza
todos los esfuerzos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, estén o
no bajo la guarda y cuidado de sus padres. En el caso de los menores de edad
cuyos padres hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, reciben
la atención por otro miembro de la familia que se determine por el tribunal
municipal popular competente, previa su designación como tutor, mediante el
procedimiento previsto a esos efectos, que es el de tutela, cuya solicitud corresponde
realizar al fiscal.
“En el caso
de que un niño tenga que ser acogido por una institución de asistencia social
(círculos infantiles mixtos u hogares para niños sin amparo familiar), se les
considera tutores entonces a los directores de esos centros.
“De hecho,
existe una red nacional que incluye los dos tipos de centros mencionados, que
fue constituida mediante el Decreto-Ley No. 76, en 1984, y está concebida para
la protección de aquellos menores que, por diferentes razones, han quedado sin
el abrigo de su familia. Dicho sistema se encuentra presente en todos los
municipios y provincias.
Darío
Delgado Cura, Fiscal General de la República de Cuba. Foto: Yaimí Ravelo
“Este es un
tema muy importante. Incluso tiene determinadas regulaciones, como hasta qué
edad puede estar un niño, adolescente o joven, en estas instituciones de la
red. Y se prevé, asimismo, la familia sustituta que puede acoger a estos
niños. Esto es un proceso que requiere de investigación, para que la familia
sustituta sea una familia con cualidades ético morales, posibilidades, y demás
requisitos, todo un entramado que tenemos en el país de manera tal que el niño
no esté desprotegido.
“Hay toda
una organización en el Estado de modo que esas unidades están presupuestadas y
reciben un dinero para ayudarlos, porque esos niños y niñas, adolescentes y
jóvenes también quieren y deben disfrutar de la vida. El Estado y sus
representantes se preocupan por ellos y asumen ahí la función de madre y padre.
No se deja indefenso y se trata de que en su desarrollo y evolución, respecto a
aquellos que sí tienen y son atendidos por sus padres, no se sientan
discriminados ni disminuidos por no tener quienes puedan satisfacer sus
intereses materiales y espirituales. Y eso es a pesar de todas las
limitaciones económicas que tiene el país.
“Ahora bien,
hay menores de edad que transgreden la ley, y no son sujetos de delito porque
no han alcanzado la edad penal (en Cuba es de 16 años), por tanto, hasta entonces
ese menor no puede ser presentado a un tribunal penal.
“Si
transgreden la ley, hay un sistema, sobre todo para atenderlos y reubicarlos.
La inmensa mayoría de estos niños y adolescentes transgresores provienen de
familias disfuncionales y pudiéramos decir que también han sido víctimas del
abandono de los padres, entonces el Estado ha tenido que ocuparse de ellos.
“Existe un
sistema en la nación diseñado para ello, integrado por el Consejo de Atención a
Menores, que pertenece al Ministerio de Educación, y otro (de igual nombre),
atendido por el Ministerio del Interior (Minint). Ambos están concebidos para
cumplir sus funciones en determinados momentos de la vida de ese niño, y
cuentan con escuelas de conducta, con régimen externo e interno, y escuelas de
formación integral, donde previo a su ingreso debe realizarse una evaluación
de psicólogos, pedagogos, especialistas y profesionales sobre lo
que es más conveniente para él.
“Como
resultado de esa evaluación se decide a qué lugar va el menor y por qué tiempo,
pues en las escuelas de formación integral hay un tope, un límite de edad. Lo
mismo ocurre con los círculos infantiles mixtos y los hogares de niños sin
amparo familiar. En todo ello debe estar el fiscal presente, obligado a
supervisarlos y a controlarlos sistemáticamente, exigiendo la protección de los
derechos de ese menor de edad”.
—Sobre la
violencia de género (en todas sus dimensiones) como problema social y violación
de los derechos humanos… Dado el bajo índice de denuncia en Cuba por parte de
las mujeres y niñas víctimas, ¿considera que debe rediseñarse el enfoque de
tratamiento en la cadena de instituciones involucradas, cuando llegan a estas y
se asume como un problema “entre marido y mujer”, que no admite terceros?
—Institucionalmente,
estatalmente, las mujeres y niñas están protegidas. O sea, como política está
concebido su diseño, el apoyo de la FMC y de todas las instituciones en general
del país, que tienen conciencia y se ocupan del tema. Sin embargo, a nivel del
ciudadano esto no opera igual.
“Nosotros
somos conocedores de una cifra, no significativa pero que sí llama la atención,
que es la denuncia que realiza la mujer por el delito de amenaza, contra un
hombre del que resulta víctima.
“Y en
ocasiones esta amenaza va acompañada de violencia.
“Actos
violentos que no solamente tienen que ser físicos. A veces nos confundimos y
pensamos que violencia es solamente la física. Está la violencia física, esa
que tiene expresión en la magulladura, la lesión, que puede ser grave o leve. A
veces los juristas, los operadores, la Policía, decimos: ‘no, no es
antijurídica la lesión. Y el Código Penal dice…’ Y entonces entramos en
tecnicismos y realmente no protegemos a la mujer.
“Eso depende
también de los territorios. Hasta esa idiosincrasia es importante. No pocas
veces la mujer es amenazada y es violentada. Y sobre todo de manera humillante,
agresiva desde el punto de vista verbal, que es vejada y ofendida, o
simplemente no es tenida en cuenta.
“En esto
tenemos que trabajar mucho. Es un tema que, a mi modo de ver, resulta una
asignatura pendiente. El problema comienza incluso desde el hogar, después
sigue en la escuela, y después continúa en la vida. Porque son muy pocos los
casos donde la mujer violenta al hombre, aunque los hay.
“Con
aquellas cosas viejas de que la mujer es el sexo débil, que para nosotros no lo
es, pero realmente hay determinados estigmas sociales y hay cierto machismo en
la población, los cuales hay que seguir combatiendo.
“Por
ejemplo, la compañera Vilma es un paradigma de la defensa de los derechos de
la mujer. Cada vez que vayamos a hablar del tema, hay que hablar de ella
obligatoriamente. Todo lo que hizo. Un Código de Familia que tiene Cuba, que
es algo privilegiado, y que sin embargo ya está para evaluar y revisar otra
vez.
“Estamos
trabajando en todos los temas legislativos que puedan contribuir a ello. Pero
las normas por sí solas no resuelven los problemas, hay que seguir con una
labor de educación desde el hogar con los padres, luego en las escuelas, y después
en todos los escenarios”.
—¿De qué
derechos disponen los ciudadanos cubanos privados de libertad?
—El sistema
penitenciario cubano se caracteriza por ser respetuoso de los derechos de los
internos, los cuales se consignan en la preceptiva legal y reglamentaria, y
tienen concreción práctica en la obra de la Revolución, a pesar de las
limitaciones materiales. Por lo que podemos hablar de libertad, dignidad, no
discriminación e igualdad.
“Entre sus
derechos están: la aplicación imparcial de las normativas existentes, el
respeto a su integridad física, el derecho a visitas, recibir permisos de
salida al hogar, a ser conducidos a instalaciones hospitalarias o funerarias en
caso de enfermedad o fallecimiento de algún familiar, a disponer de alimentos
con el nivel calórico establecido.
“Recibir
asistencia médica, enseñanza general y capacitación con los correspondientes
certificados acreditativos, obtener rebaja de sanción por año cumplido, debido
a la buena conducta, y avanzar en régimen y que se le proponga libertad
anticipada cuando proceda, devienen otros de los derechos contenidos en una
amplia lista de garantías por parte del Estado hacia el interno, donde no
falta el reconocimiento de su posibilidad legal de reclamar ante cualquier
medida disciplinaria impuesta, que se le ofrezca asistencia religiosa y la
remuneración económica por el trabajo realizado en el centro penitenciario
donde se encuentre.
“Vale
reconocer, además, toda la atención especial que se les concede a las internas
a las que se les presenta el parto en un establecimiento penitenciario, y las
garantías para madre e hijo”.
—Se ha
politizado mucho, desde campañas mediáticas en el extranjero, acerca del
tratamiento que se les da a los internos en nuestro sistema penitenciario,
esencialmente a cubanos autodenominados “disidentes” y a los extranjeros
sancionados…
—La Ley
cubana es aplicable a todos, sea cubano o sea extranjero. Es aplicable tanto
para sancionar, como para proteger. Por tanto, los extranjeros que están
sancionados en Cuba son también objeto de la protección de nuestro sistema
penitenciario y de la Fiscalía. Transita por la misma vía.
“Si algún
extranjero dice que sus derechos han sido violentados por el sistema
penitenciario en Cuba, no es verdad. Ahora, usted no puede vivir en una
prisión, como vive en la calle, es obvio, pero los extranjeros tienen en Cuba
el mismo tratamiento que los cubanos, incluso (…) a veces es hasta deferente.
Hay incluso centros penitenciarios que son para extranjeros nada más. Fíjate
hasta dónde llegamos, también los reglamentos.
“El
extranjero en Cuba es considerado en la atención, porque como sabemos, en la
mayoría de los casos, la familia no radica en el país. Reciben atención
consular y, además, está previsto el traslado a su nación de origen, en caso de
cumplirse con los requisitos establecidos.
“Nos hemos
encontrado casos de personas extranjeras que no han querido ir a cumplir la
sanción a su país. O sea, la embajada quiere, la familia también, y él no. ¿Por
qué será? Habría entonces que replantearse por qué quieren quedarse en Cuba, a
cumplir las sanciones y no allí.
“En muchas
partes del mundo las prisiones están en manos de los presos, en Cuba no pasa
eso. Aquí se escoge el Consejo Disciplinario, se hace un Consejo de Familia,
porque la familia interactúa en la evolución del interno, de su conducta, de su
reeducación. La familia cubana participa en ello. Pero en Cuba no hay matonismo
en la prisión, hay internos de extrema violencia como en cualquier lugar, pero
están muy bien controlados.
“Por otro
lado, a veces se dice que aquí hay presos políticos. No los hay, y voy a
explicar por qué. De los extranjeros que están sancionados en Cuba (que es una
cifra muy pequeña), hay una parte que es por delitos comunes. Y existen otros,
muy pocos, que están vinculados con delitos de carácter no común, como son los
terroristas, o alguno que (pagado por una potencia) vino a Cuba a subvertir el
orden político.
“Respecto a
la mayoría de aquellos que se autotitulan disidentes, son presos comunes que
han sido atraídos por las organizaciones contrarrevolucionarias, internas o
externas, y reciben un pago directo o indirecto. Pero no son presos de
conciencia, porque si lo fueran, actuarían de otra manera”.
—Y de cara
al futuro, ¿qué desafíos tocan las puertas de la Fiscalía en su misión-gestión
de velar por que se respeten los derechos de cada ciudadano?
—De cara a
las transformaciones y desarrollo de nuestro país, existen retos para todas las
instituciones (…). Todos hemos ido avanzando, pero tenemos que seguirnos
replanteando estos temas. Se revisan un grupo de normativas jurídicas,
actualizándolas y proponiéndolas, y se irá progresando gradualmente en ello.
Pero hay un trabajo intenso, muy serio, en materia legislativa para que el
país pueda llegar a lo que nos proponemos, en todas las materias.
“Cuba es un
estandarte en muchos lugares del mundo. Nosotros avanzamos en todos los
aspectos esenciales, y eso que las limitaciones materiales son muchas e
importantes. Lo que tenemos que eliminar son las subjetividades, aquellas
sutilezas que a veces están presentes y que nos afectan. Pero
institucionalmente el país está preparado y se está preparando mejor para
resolver estos desafíos en los nuevos escenarios.
“El reto es
inmenso, pues nos corresponde por mandato constitucional controlar y procurar
el respeto de la legalidad, que es equivalente a la garantía del ejercicio
pleno de los derechos por cada uno de nuestros ciudadanos. Y ello, unido al
esfuerzo por acercar, cada vez más, la Fiscalía a nuestra gente”.
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